La Conferencia Episcopal Panameña hizo este viernes un «llamado respetuoso y fraterno a los docentes a levantar» el paro, iniciado por sindicatos el pasado 23 de abril en rechazo a una reforma a la seguridad social, «y retornar a las aulas», en un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por el impacto de esta medida de fuerza en las familias más vulnerables.
«Nos preocupa profundamente la prolongada huelga educativa, las tensiones sociales y la incertidumbre de miles de familias, especialmente las más humildes, que ven afectado el futuro de sus hijos», expresó el Episcopado al cierre de una reunión de varios días.
La jerarquía católica panameña señaló que «este retorno requiere que las autoridades garanticen plenamente la estabilidad laboral de los docentes y actuar con justicia, sin represalias ni descalificaciones».
El paro está liderado por la directiva de una veintena de gremios docentes del sector público y se ha desarrollado de manera irregular. La consigna era la derogatoria de una reforma a la seguridad social propuesta por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino (2024-2029) y aprobada, con muchos cambios al texto original, por el Parlamento.
«Vamos a seguir en las calles hasta que tumbemos esa nefasta ley» del seguro social, declaró a EFE el pasado 1 de mayo el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, tras aseverar que los gremios irían «apretando la tuerca en las calles y en todos los espacios donde tengamos que enfrentar esta política neoliberal» del Gobierno panameño.
El presidente Mulino sostiene que no va a derogar la reforma porque ha impedido el quiebre de uno de los dos subsistemas de pensiones y dado estabilidad financiara a la Caja del Seguro Social (CSS), un ente cuya administración debió reformarse hace años, como coinciden las fuerzas vivas del país.
A lo largo del paro, al que se unieron el 28 de abril el mayor sindicato de la construcción, el Suntracs, y el de los bananeros, Sitraibana, el Ministerio de Educación reportó que el mismo se desarrolla de forma irregular, con muchas escuelas abiertas y alumnos y maestros en ellas, y reiteró el llamado a los docentes en rebeldía a regresar asegurando que no habría represalias.
Con el paso de las semanas, el paro fue perdiendo fuerza: los obreros de la construcción regresaron a sus trabajado hace casi un mes, mientras que los bananeros fueron todos despedidos, unos 6.500 trabajadores, por la transnacional Chiquita, que cerró sus operaciones en el país.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo el jueves que ya hay maestro sustitutos en algunas escuelas gracias a una resolución que habilitó esta posibilidad y que los gremios demandaron ante la Justicia por considerarla ilegal.
Ábrego y otros dirigentes de 23 gremios se reunieron el jueves con la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y expresaron que los docentes aún en paro podrían regresar desde el próximo lunes a sus puestos bajo algunas condiciones, como la revisión de medio centenar de artículos de la reforma a la seguridad social y se restituyan los salarios a los maestros que no han trabajado en más de dos meses.
La Contraloría ha suspendido el pago a varios miles de los 54.000 docentes del sector público por estar en un paro que la institución califica de ilegal.
